Fotografías, libros, cartas, muebles, recetas culinarias, joyas, ropa, que han legado las generaciones anteriores constituyen a menudo no sólo el tesoro espiritual de una familia, sino también parte de su filiación. Del mismo modo, la identidad de una comunidad se manifiesta en su historia, sus tradiciones, sus expresiones artísticas, su arquitectura, lugares emblemáticos. Hay pueblos que están orgullosos de su idiosincrasia y se preocupan por conservar su patrimonio cultural, sin embargo, otros que tienden con frecuencia a eliminar los vestigios del pasado, como sucede con Tucumán.
En los últimos días del año del bicentenario de la Independencia, dos hechos han provocado la indignación de un sector de la comunidad. La cesión por ley de una parte del parque 9 de Julio a una universidad puso en alerta a la Comisión de Patrimonio de la provincia, a entidades ambientales y a intelectuales. En su penúltima sesión, la Legislatura aprobó la donación de 17 hectáreas para que la Facultad Regional Tucumán de la UTN erigiera su campus deportivo y tecnológico. Se consignaba en la iniciativa solo podía edificarse un 10% del terreno total, sito sobre la avenida Papa Francisco, entre la terminal de ómnibus y el hipódromo. Para lograr la aprobación de la norma, los representantes del pueblo que la votaron desafectaron el terreno de las leyes N° 6478 (creación del parque Centenario 9 de Julio) y la N° 7500 (protección del patrimonio). Se ignoró el artículo 145 de la Constitución provincial, donde se indica el Estado es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico. Tampoco se consultó a la Comisión de Patrimonio. Tras las numerosas críticas a la aprobación de esta cesión, el gobernador decidió ayer vetar la ley.
El segundo episodio que concitó la atención pública es el nuevo pedido de demolición de la Casa Sucar. La empresa Viluco S.A., propietaria del antiguo y valioso inmueble, ubicado en Salta 532, intimó a la Municipalidad capitalina para que autorizara su destrucción. Esta dijo que no se hallaba en condiciones de expropiarla y que la Provincia tenía los recursos económicos para hacerlo. Hace cuatro años, un grupo de vecinos evitó con una movilización y otras acciones, la desaparición de la casona, erigida en 1923. Se propuso que se convirtiera en un centro cultural para artistas emergentes. Desde el punto de vista urbano, la casa integra, junto con las propiedades vecinas, un conjunto de excepcionales características morfológicas de una cuadra de irrepetible significado paisajístico-ambiental. Dos legisladores de la UCR habían presentado hace seis meses un proyecto de expropiación, pero no fue considerado en comisión. En la sesión de ayer, los oficialistas se negaron a tratar la iniciativa sobre tablas.
Los dos hechos ponen de relieve que nuestros representantes del pueblo van a contrapelo del medio ambiente y de la cultura. Si ellos mismos que hacen las leyes, buscan violarlas con atajos a otras normas para favorecer otros intereses o se niegan a debatir un pedido de expropiación, ¿qué puede esperarse de ellos que han sido elegidos por la sociedad, que es su mandante? ¿Qué destino le esperará al futuro Parque Nacional Aconquija si son incapaces de cuidar el parque 9 de Julio, una de nuestras preciadas joyas? Por los actos se conoce a las personas y también a la clase dirigente.